martes, 13 de enero de 2015

Mujer peruana: botín de guerra


                             (Foto: http://prensaitvperu1.blogspot.com)

Con motivo dela censura ante la obra teatral La Cautiva, me permití rescatar un breve artículo que publiqué hace algunos años en la revista El Auqui sobre lo que muchas mujeres peruanas sufrieron durante la guerra interna. Reflexionar sobre lo acontecido no es un delito y cuán mejor que sea el arte  quien nos invite a tan saludable ejercicio.



María Fernanda Castro Rivas

Una mujer, por qué no un hombre, durante el proceso de la guerra interna no valía nada en sí mismo ante el fuego cruzado entre el Estado y los movimientos subversivos.  El cuerpo pasó a ser una extensión del campo de batalla, un botín reclamado por personas que se suponían debían proteger a la población civil desarmada.  Sin embargo el comportamiento de efectivos de las fuerzas armadas y la policía dejó su marca en el cuerpo torturado y vejado de las mujeres del pueblo en este periodo de la historia de nuestro país.

Esta situación nos plantea varias preguntas ¿qué lleva a un militar o policía a violar? ¿Es una cuestión de formación en los cuarteles? ¿Se trata de una relación entre Eros y Tánatos? ¿Por qué este es un crimen sistemático en las intervenciones del Estado?

La violencia contra las mujeres durante la guerra interna se distingue de la cometida contra los varones debido a la diferencia de roles en este mismo escenario.  Ello no quita que hubiera casos de hombres ultrajados, sin embargo cuando una mujer era sometida a tortura automáticamente era violada, cuando una esposa pedía información sobre su marido desaparecido, era violada, lo mismo pasaba con las hijas o cualquier otra que se acercara. 

¿Serán acaso estas violaciones fueron simples "procedimientos", parte de la burocracia u ordenes de superiores?


Accomarca, 1985

En la mañana del 14 de agosto de 1985,  una patrulla del Ejército con cerca de 25 efectivos,  conocida como Lince 7, bajo el mando del entonces subteniente Telmo Ricardo Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón, llegó a Llocllapampa y reunieron a todos los comuneros en la plaza del pueblo.

El pretexto para tal reunión era una asamblea, los militares acusaron a la población de terroristas,  pues sostenían que ahí funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista. Luego de estas declaraciones, separaron a hombres, mujeres y niños en tres casas: a los varones los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la de César gamboa y a los niños en la casa de Rufina de la Cruz.

Violaron a todas las mujeres y acribillaron a los pobladores, en cada casa arrojaron granadas y finalmente prendieron fuego a los predios llenos de muertos y heridos. Las casas, según testimonios, ardieron tres días. Los enterraron en fosas comunes. Se calcula que de los 69 muertos, 30 eran niños, 27 mujeres y 12 hombres.

Lo que sabemos de este crimen, es producto de las narraciones de los hechos por parte de familiares y sobrevivientes. Justa Chuchón, quien fuese víctima de violación sexual, relató cómo incluso las mujeres mayores fueron ultrajadas y los niños golpeados en medio del caos generado por los militares.


María Montesa, 1992

María Magdalena Montesa, tenía 19  años, era estudiante de Sociología en la Universidad San Martín de Porres y estaba iniciando sus estudios de Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Vivía en Lima desde 1990 junto a su hermano, quien dos años después fuese detenido acusado de terrorismo.

El 30 de octubre de 1992, María Magdalena Monteza fue detenida mientras salía de La Cantuta, por dos agentes de la primera División de Fuerzas Especiales del Ejército.  Le cubrieron la cabeza con una frazada, la subieron a un vehículo con destino desconocido y luego de dos horas la obligaron a bajarse del auto para llevarla al baño de la sede de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos.

Se le imputaron los cargos de pertenecer y colaborar con una organización subversiva, en ese caso Sendero Luminoso (PCP-SL); así como una supuesta vinculación con dos personas  detenidas unos días atrás por posesión y almacenamiento de materiales explosivos. Durante ese mismo día, por la tarde, la estudiante fue interrogada fuera de su celda con los ojos vendados. Las preguntas fueron en torno a los cargos, ante su negativa a reconocerlos fue golpeada y posteriormente sometida a violación sexual por sus captores. Esto se repitió al día siguiente, fue liberada al cuarto día. Producto de todo esto, ella resultó embarazada. (Cfr. Comisión de Derechos Humanos. 2003: 145).


Mujeres familiares de desaparecidos

No solamente sufrieron ultrajes las víctimas directas de los delitos de lesa humanidad, sino que sus familiares también. Pues al intentar buscar información sobre sus esposos e hijos en instituciones y dependencias, muchas mujeres sufrieron humillaciones y vejaciones. Esto se daba por lo general con población femenina quechuahablante, esta característica las hizo vulnerables ante algunas instituciones del Estado. Un fragmento de un testimonio cuenta:
“De esa parte […] los militares, aprovechando que no entendía el quechua los golpeaba a la fuerza, no les importaba si era casada o no, siempre la violaban” (Comisión de Derechos Humanos. 2003:37)



El Estado y las violaciones sexuales

Según la información recogida sobre estos crímenes en los testimonios de la CVR, podemos afirmar que se trata de un delito cometido exclusivamente contra las mujeres. En cifras, el número total de violaciones sexuales cometidas es 538, de las cuales 527 corresponden a crímenes contra mujeres y 11 contra varones. El 83% de violaciones sexuales contra mujeres corresponden al Estado, mientras que el 11% a grupos subversivos (Cfr. Comisión de Derechos Humanos. 2003: 66). Cabe agregar que las fuerzas antisubversivas figuran como los únicos responsables de violaciones a varones.

No solo se trata de una relación del eros y el tánatos, donde un comportamiento tanático lleva al sujeto a sobreerotizarse y actuar de una manera determinada ante sus víctimas o subordinados. El problema, según vemos, tiene una arista en la idiosincrasia del militar o policía peruano. Está vinculada con la formación al interior de los cuarteles y escuelas. Esto podemos verlo claramente en lo que Antauro Humala expone en su libro Etnonacionalismo, izquierda y globalidad:

“(…)-como en toda guerra no solo de antaño- la mujer siempre es asumida como “parte natural del botín”, que a su vez armoniza con el instinto femenino de adscribirse, por último, al macho vencedor”(P. 84).

Se trata de una relación de dominación del otro, que debe ser traducida al acto más atávico y primitivo de sometimiento simbólico: la violación sexual. La otredad se establece en cada una de las características de la víctima: mujer, campesina, estudiante, quechuahablante, pobre.  Incluso podemos ver en los casos presentados anteriormente, Accomarca y María Monteza, que por perpetradores similares existe mayor encono contra la víctima que encarna más evidentemente la otredad (campesinas quechuahablantes). En otras palabras, apoyándonos no solo en estos casos, sino en las cifras de de la CVR,  dentro de los crímenes contra la mujer han habido brechas étnicas y de clase marcando la diferencia entre la vida y la muerte.


Entonces, con el pretexto de la "apología al terrorismo" no podemos olvidar a quienes sufrieron los horrores de la guerra. ¿Cuántas Marías Monteza tienen que haber para que recordar no sea un delito?
Recordemos, siempre recordemos que nuestro pasado es una advertencia del futuro.



Bibliografía
BARTOLO, Ivan Bruno
2010 Accomarca, 25 años después
Vídeo de testimonios: http://www.youtube.com/watch?v=yjeTKN-Tnyw

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2003   Abusaruwanku. Violación de mujeres: silencio e impunidad. Movimiento Manuela Ramos. Lima

FOUCAULT Michael
2007 Historia de la sexualidad: 1. la voluntad de saber.
Siglo veintiuno editores .Madrid

HUMALA, Antauro
2006 Etnonacionalismo, izquierda y globalidad
Antaurpi. Lima


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