La pequeña minería y la minería artesanal están pasando por un proceso de formalización desde hace más de diez años, razón por la que no es raro que sus actores entren y salgan del terreno de la legalidad. Por ello este proceso viene de la mano con el de interdicción, según los planes del actual gobierno que intenta esmerarse en realizar una labor intersectorial.
El 24 de enero del 2002, se aprobó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley N° 27651). Anteriormente, el estado peruano procuró regular la minería dentro de marcos muy generales hasta el año 1994, cuando se emiten normas que buscan ser más específicas. Las legislaciones previas se encargaron de concesionar la tierra, pero solo en extensiones tales que sobrepasaran las 100 hectáreas, tal como indica el D.S. N° 014-92-EM - Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, de 1992.
La coyuntura modifica las posiciones que adoptan los actores en torno, en este caso, a una política pública. La Ley N° 27651 y sus posteriores modificaciones obedecen a un acontecer, que en palabras de Javier Torres Seoane (SER) tendrían relación directa con el incremento del precio internacional del oro (Au) y la carretera interoceánica.
Podemos destacar como hechos relevantes las intervenciones a los campamentos mineros y destrucción de dragas realizadas por el Alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Minería Ilegal, Interdicción y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti, hoy ministro del Interior. Al mismo tiempo podemos poner en paralelo las denuncias que hay en contra de algunos congresistas nacionalistas como Amado Romero, realizadas por el dirigente minero Víctor Chanduví.
Para tener una idea más clara de esto, presentamos una línea de tiempo algunos hechos recientes en
torno a la minería ilegal:
